La actividad productiva textil, tras la progresiva contracción
verificada a lo largo del año 2001, que encontró su sima
en marzo de 2002, comenzó desde entonces una sostenida recuperación
de la que, en términos generales, no ha retrocedido hasta el presente.
El punto más alto de la actividad textil en la década pasada
se encuentra en el año 1997. A partir de allí se inicia
un sendero de languidecimiento progresivo de la actividad productiva sectorial,
que se acelera en 2001 y comienzos de 2002. Al finalizar el primer semestre
de 2007, el nivel de producción física textil se encuentra
20% por encima de 1997 y alrededor de 50% por encima del nivel del año
2000.
En términos globales cabe caracterizar la recuperación del
nivel de actividad sectorial registrada en los años recientes como
un proceso de reactivación, es decir, como un proceso de progresiva
utilización de la capacidad productiva instalada. Cabe decir que
la industria textil argentina se halla, desde hace ya varios meses, en
una situación cercana al pleno empleo de su capacidad instalada.
No obstante, nuestros cálculos del consumo aparente textil nos
indican que, con ese nivel de utilización de los equipos productivos,
nuestra industria sólo alcanza a abastecer alrededor del 40% del
mercado doméstico. El 60% restante es atendido por la oferta de
importaciones.
La industria textil argentina tiene, por consiguiente, un largo camino
por recorrer, como abastecedora del mercado doméstico, además
del posible incremento de la oferta de exportaciones. Para transitar ese
camino deben satisfacerse algunos requisitos fundamentales. Ante todo,
la industria textil deberá, superada en lo fundamental la etapa
de reactivación de la capacidad instalada, ingresar en un proceso
de crecimiento, cuyo motor esencial es la inversión. Crecimiento
implica, primero, asumir el riesgo de invertir para, luego, asumir el
posterior riesgo de producir más y mejor.
La
OMC y la Ronda DOHA
La
Organización Mundial del Comercio (OMC) se halla dedicada a conseguir
una sustancial reducción de la protección arancelaria a
los bienes industriales para todos los países miembros.
Este objetivo tiene su fundamento en el enfoque del comercio internacional
de David Ricardo basado en la ventaja comparativa, enfoque que constituye
la visión dominante en la materia hasta nuestros días. Según
esta teoría, a los países les conviene especializarse en
la producción de los bienes para los que son relativamente más
competitivos en la arena internacional, puesto que de este modo obtienen
ganancia en el comercio. Siguiendo este paradigma del librecambio (el
comercio internacional totalmente libre de restricciones y regulaciones
nacionales), la OMC desde su origen como Acuerdo General de Tarifas y
Comercio (GATT), en sucesivas “Rondas” ha impuesto crecientemente
reducciones en los niveles arancelarios de los países miembros.
Este criterio pretende ser llevado a límites extremos en la Ronda
Doha que actualmente se desarrolla, si bien el objetivo enfrenta ostensibles
resistencias y contratiempos. El hecho es que la normativa de la OMC,
una vez sancionada, se torna de cumplimiento obligatorio para los países
miembros.
En nuestro modo de ver, no es admisible que todavía se siga empleando
el enfoque de la ventaja comparativa - un concepto nacido en la Inglaterra
de la Revolución Industrial, hace doscientos años - para
comprender el complejo mundo productivo del presente. A lo largo de esos
doscientos años transcurridos desde los albores de la producción
industrial, en el mundo económico y social que conocemos, los países
avanzados, o países desarrollados, o como quiera denominárselos,
evolucionaron invariablemente como economías industriales. Ello
no quiere decir - como otrora pretendía David Ricardo con su exitosa
propuesta de abolir las llamadas “leyes de granos” - que esos
países actualmente desatiendan sus producciones primarias. Precisamente
todo lo contrario, como puede advertirse en los debates de la Ronda Doha
y la defensa enconada de los países centrales de su producción
agrícola y ganadera.
Tampoco es admisible - y lo es menos aun, si cabe - que la OMC obligue
a los países miembros a ceñirse a esa desactualizada receta
comercial. No lo han hecho hasta ahora, a pesar de las limitaciones crecientes
impuestas en materia arancelaria, y el comercio internacional ha evolucionado
positivamente de manera ininterrumpida.
En este campo merece señalarse que algunos estudios de especialistas
en los últimos años tienden a poner en duda la validez general
del criterio de la ventaja comparativa para la optimización del
crecimiento económico. No es nuestro cometido internarnos en estos
análisis, pero sí entendemos pertinente puntualizar que
la resistencia práctica de países, sectores y empresas a
ponerse las cadenas de una obviedad engañosa no carece de acompañamiento
teórico solvente.
Es preciso reconocer que el objetivo central de toda política económica
debe ser el logro de niveles crecientes de bienestar para la población
a través de altas tasas de desarrollo de su sistema productivo.
El comercio internacional es, en función de ese objetivo principal,
un instrumento importante, pero está muy lejos de ser un fin en
sí mismo.
El tema no está en reclamar la eliminación de la protección
y los subsidios a la producción primaria a los países del
Norte, como contrapartida de la eliminación de los aranceles a
los bienes industriales, más allá de la intolerablemente
injusta asimetría que ello representa. Lo que sí corresponde
subrayar enfáticamente es que si las economías pujantes
y potentes del mundo moderno son todas economías integradas, sería
justo reconocer el derecho de los restantes países a transitar
similares caminos y aspirar a un destino semejante.
La
política comercial externa
El
cometido de la política comercial externa es tornar viables las
iniciativas privadas en un marco de compatibilidad general. Debe descartarse
de plano la idea de seleccionar, desde una supuesta posición omnisciente,
cuáles habrán de ser las actividades autorizadas a sobrevivir
y - cual pulgar de Calígula - decretar la defunción de las
restantes.
Todos los países industriales se caracterizan por contener prácticamente
todas las actividades de la industria manufacturera, en mayor o menor
grado. En ninguno de ellos se ha impuesto una selección a priori
como condición para un desarrollo económico óptimo.
Lo que seguro caracteriza el proceso de desarrollo de los países
avanzados, es la creciente diversidad y complejidad de su estructura productiva.
Si, imitando al demiurgo de Platón, contemplamos el desarrollo
de los países avanzados como el paradigma a partir del cual habremos
de construir nuestro propio destino, es preciso atender a los rasgos característicos
del proceso que los llevó a su estado actual, antes que contemplar
sólo el punto de llegada.
La alta tecnología nació, precisamente, a partir del suelo
nutricio de una matriz productiva de creciente diversidad y complejidad.
Ese progresivo y pujante desarrollo económico, social y cultural
es el que la hizo posible. El notable nivel de desarrollo de los países
centrales no surge a partir de la alta tecnología, como si esa
fuera la condición para generar crecimiento económico, sino
que, a la inversa, la tecnología de punta emerge y se desarrolla
a medida que crece la diversidad, la complejidad y la imbricación
de las actividades productivas entre sí y con el sistema científico
y tecnológico.
Muchas actividades productivas calificadas como de tecnología intermedia
o baja, hacen uso de insumos consumibles, insumos componentes y bienes
de capital de alta tecnología. Más aun, el desarrollo de
estos bienes está gobernado por su destino final. Si el criterio
de privilegiar la producción de bienes de alta tecnología
tuviese validez universal, la producción de muchos de éstos
perdería sentido, como es el caso, por ejemplo, de la maquinaria
para producir hilados o calzado deportivo. Si, en cambio, se acepta que
dicho criterio carece de validez universal, ese criterio ingresa en el
terreno de lo opinable, lo discutible o, peor aun, en el terreno de la
arbitrariedad.
Lo cierto es que, en los hechos, los países avanzados no se privan
de contar con la más amplia variedad de producciones, inclusive
con las más primarias, tendiendo a descartar sólo aquellas
dañinas para su medioambiente. En particular, la industria textil
se halla presente en todos ellos y no parecen totalmente dispuestos a
prescindir absolutamente de ella, como tampoco de otras industrias tradicionales.
La industria textil argentina, independientemente de sus especificidades
y particularismos, necesita - para subsistir, crecer y perfeccionarse
- una política comercial que le permita evolucionar frente a la
competencia externa y acometer racionalmente los desafíos de aumentar
la inversión y la producción. El empresario es esencialmente
un tomador de riesgos. Del cálculo de ese riesgo y de la evaluación
de alternativas emergen sus decisiones de producir (o no producir) y de
invertir (o no invertir). La medida del riesgo del empresario industrial,
el costo de oportunidad de producir textiles, está en el precio
y el volumen de las importaciones.
El
Mercosur
Hay
dos tópicos estratégicos, la política comercial externa
y la promoción industrial, que deben ser compatibilizados en la
unión aduanera del Mercosur.
La actualidad regional se caracteriza por la notoria disimilitud de las
políticas económicas de sus miembros y, en especial, de
los dos socios principales. En particular, han habido fuertes diferencias
en las políticas fiscales llevadas a cabo por nuestro país
y por Brasil. Las políticas de incentivos a la producción
y a las inversiones en Brasil fueron acumulando sus efectos a lo largo
del tiempo, profundizando asimetrías y generando desequilibrios
competitivos. Estas divergencias, además de entorpecer el proceso
de imbricación de las economías participantes, son proclives
a desembocar en tensiones y conflictos y dan lugar a costos operativos.
Por otra parte, la frontera económica externa está lejos
de lucir armónica. Tampoco muestra hasta el momento el Mercosur
una política comercial externa coordinada ni acciones concertadas
en los foros internacionales.
La asociación de economías relativamente semejantes, como
son las que conforman el Mercosur, abre la posibilidad de aprovechar la
ampliación del mercado para los países miembros, generando
economías externas y de escala para sus producciones. Los instrumentos
promocionales deben ser compatibilizados y, en lo posible, uniformados
en la región, a riesgo de generar o profundizar desequilibrios
y asimetrías, dando lugar a situaciones inequitativas, capaces
de entorpecer y aun poner en peligro el desarrollo asociativo.
Por su parte, la política comercial externa debería ser
encarada con firmeza en forma conjunta por los países socios del
Mercosur. No es ocioso subrayar que una común política de
comercio exterior constituye el rasgo más sobresaliente y significativo
de toda unión aduanera. Una acción concertada ante los organismos
y foros internacionales es un factor de peso de gran importancia en pos
de los objetivos estratégicos de la unión.
La
promoción industrial
El
desarrollo armónico y espacialmente equilibrado de la actividad
económica en todo el país es una de las metas a demandar
en la construcción de una política integral de desarrollo.
La persecución del equilibrio espacial en la economía doméstica
es, en cierto modo, una réplica conceptual del equilibrio que se
reclama en el nivel mundial. Por tal motivo, es insoslayable que la promoción
regional sea uno de los capítulos importantes de un programa de
desarrollo.
Por otro lado, el objetivo de una ocupación efectiva del territorio
nacional tiene incuestionables fundamentos económicos. Las asimetrías,
los desequilibrios y las falencias en los niveles de desarrollo representan
costos para la economía en su conjunto y su corrección,
por su parte, es capaz de proporcionar una contribución importante
al desarrollo económico global. En este terreno, la promoción
económica regional es un instrumento de significativo valor.
Si fuese del caso encarar la renovación de la política de
desarrollo regional, debería procurarse, ante todo, que sea de
aplicación general y que abarque a la totalidad del territorio
nacional, en busca de un equilibrio en la intensidad de los incentivos
a otorgarse a las distintas regiones del país.
En segundo término, en lugar de la pura desgravación tributaria
sobre los montos facturados, debería premiarse la generación
de valor agregado. Con ese fin, los instrumentos promocionales deberían
disponerse de modo que la tasa de incentivo esté vinculada a esa
agregación de valor.
Por último, una nueva promoción regional e industrial debería
estar dirigida exclusivamente a incentivar la producción dentro
de nuestro territorio, descartando, como principio general, el empleo
de la promoción de importaciones. La generación propia de
divisas genuinas y la optimización de su gasto constituyen prioridades
básicas de toda política de desarrollo. Este criterio cobra
mayor relevancia aun en la actual situación de nuestro país,
dado el compromiso de pago de la deuda externa refinanciada.
En términos generales, en el futuro la promoción industrial
regional debería ser un instrumento orientado a incentivar la producción
y las inversiones en todo el territorio nacional, equilibrado, armónico
y eficaz como incentivador de la generación de valor y de inversiones.
No se trata de conceder privilegios monopólicos o prebendarios;
se trata, en cambio, de tornar viables el incremento de la producción
y las inversiones en todo el ámbito de nuestro territorio, a partir
de instrumentos de aplicación general.
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